La imposibilidad por parte del arco opositor de alcanzar mayoría propio en sendas sesiones del Senado y la Cámara Baja, la semana anterior, y la decisión del oficialismo de hacer uso de las prerrogativas parlamentarias y no dar quórum, inauguró un nuevo capítulo de la novela que, desde el inicio mismo de las sesiones ordinarias, protagoniza el sistema parlamentario argentino.
La ausencia del ex presidente Carlos Menem el pasado miércoles a la sesión que debía tratar el rechazo al DNU de las reservas y la coparticipación del impuesto al cheque, y el faltazo de un nutrido grupo de legisladores en Diputados llevó nuevamente a un punto muerto que lleva semanas y que encuentra semiparalizada la actividad legislativa.
Numerosos matutinos y portales de Internet se han hecho eco de la situación, publicando encuestas en donde los (ciber) lectores opinan y dejan sus votos de a miles, achacando la culpa en distintos grados al oficialismo y a la oposición por no bajar a dar el debate aquellos, por no coordinar y unificar posiciones, estos últimos.
Lo cierto es que, más allá de que las comisiones de trabajo sigan funcionando y desde el oficialismo se le intente poner un manto de normalidad al asunto parece ser que, pese al recambio legislativo y a la constitución de nuevas mayorías a su interior, se ha configurado un juego de suma cero en donde nadie puede imponer su voluntad. Así, el kirchnerismo ha logrado dilatar votaciones claves en el Parlamento, apostando a un renovado poder de negociación con bloques afines que le permita salir airoso a pesar de no contar con la cantidad necesaria de legisladores a tales efectos.
Desde la oposición, por su parte, se acusa al oficialismo de avasallar nuevamente la institucionalidad y de pretender jaquear el rol del Parlamento para poder gobernar por decreto, y sin mayor control, desde Balcarce 50. Pese a esbozar un intento de autocrítica –acusando implícitamente a miembros de otros bloques opositores de ser funcionales al kirchnerismo o abiertamente, como fue el caso de Menem, de deslizar la existencia de acuerdos con el Gobierno, cabe recordar que la oposición también hizo uso de las facultades reglamentarias, dejando sin quórum la sesión del Senado que trataría el pliego de la designación de Mercedes Marcó del Pont al frente del Central – a sabiendas de que el kirchnerismo contaba con los votos suficientes para aprobarlo.
De lo que se trata entonces es de consensuar reglas de juego claras, tanto para coyunturas de mayoría como de minoría parlamentaria. O es lícito para todos los casos no bajar a debatir cuando no se tienen los votos para imponer la voluntad propia, o no lo es para ninguno.
Más aún, el argumento institucionalista que pone en cuestionamiento la potestad de no bajar al recinto so pena de paralizar el Congreso, tiene poderosas consecuencias que podrían colocar a muchos dirigentes de la oposición en una situación incómoda. Porque, siguiendo esta lógica, tendríamos que derivar de las premisas de que el oficialismo quiere paralizar el Parlamento y no discutir por esa vía los asuntos que conciernen a nuestro país, la conclusión de que este Gobierno no respeta la división de poderes. Y qué más no es la división de poderes sino la esencia misma una república como tal. De allí a sostener que en Argentina “no hay república”, nos separa un crucifijo y un contrato moral…
El norte, entonces, debe ser el establecimiento de pautas procedimentales claras –la aceptación misma del reglamento de las Cámaras es ya una de ellas- y la aquiescencia del juego político al interior del Parlamento –con sus acuerdos, desacuerdos, “roscas”, etc.-, entendiendo que el camino es modificar los equilibrios parlamentarios -e imponer así la propia voluntad- y no acudir a discursos grandilocuentes y etiquetas alarmistas que nada coadyuvarán a la normalización de la actividad parlamentaria.
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