
Las elecciones legislativas del 28 de Junio de 2009 parecieron dar por finalizado un ciclo de hegemonía política por parte del matrimonio Kirchner en la Argentina. El conflicto agropecuario acaecido a lo largo de gran parte de 2008, el estilo como mínimo poco consensuado, y para otros directamente “autoritario” de llevar los designios de la cosa pública, el desequilibrio inflacionario y la supuesta manipulación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) fueron algunos de los factores determinantes a la hora de sellar la suerte electoral del partido gobernante.
La victoria del empresario Francisco De Narváez por sobre el binomio Scioli-Kirchner, en lo que se dio a conocer como “la batalla de la provincia” –habida cuenta del peso electoral de Buenos Aires y de que, en rigor de verdad, el apoyo al “modelo K” pasaría (o no) su prueba de fuego en el distrito donde el mismísimo Kirchner compitiera- despertó expectativas renovadas en el escenario político argentino. En efecto, según planteaban numerosos analistas, términos tales como consenso, acuerdo y debate empezarían a formar parte del nuevo vocabulario que los Kirchner y su tropa tendrían que adoptar, entendiendo que la sociedad había puesto un límite a través de los votos al excesivo poder y a los abusos cometidos por el partido de gobierno.
Lo que casi todos definían como un período de transición hasta la entrega del poder por parte de Cristina Fernández en 2011, como el fin absoluto, no solo de la hegemonía, sino incluso de la vida política misma de los Kirchner luego del 28J, empezó a transformarse lentamente en un nuevo proceso de relegitimación por parte del matrimonio. Así, un combo perfecto de virtudes propias y defectos ajenos ha comenzado a germinar una idea impensada hasta para los más optimistas dentro del círculo K: la posibilidad de un nuevo mandato en 2011.
Es evidente que la dinámica cambiante de nuestro sistema político y la idiosincrasia misma del argentino medio coadyuvan a normalizar y naturalizar algunas cuestiones poco entendibles para el espectador. No obstante ello, es menester señalar una serie de acontecimientos y medidas gubernamentales que modificaron la agenda pública de nuestro país, generaron importantes golpes de efecto en la opinión pública y desnudaron una realidad que el senador por Córdoba Luis Juez definió de manera elocuente: “lo único que nos une (a la oposición) es el espanto”.
Lo primero que hay que destacar es la proactividad y la iniciativa del oficialismo en el marco de la derrota. Cuando todos creían que vendrían seis meses de apaciguamiento político y de semi-inactividad parlamentaria, el kirchnerismo capitalizó la mayoría circunstancial que tenía en las dos cámaras hasta el recambio legislativo, sancionando leyes claves que surtieron efecto inmediato no solo dentro del sistema político, sino también en el humor de la sociedad. Deben señalarse, en este sentido, la sanción de la prórroga de las facultades delegadas del Parlamento al Ejecutivo, acaecida tan solo un mes y medio después del 28J, la reforma política, sancionada a fines de 2009 y con importantes consecuencias para el sistema político en su conjunto y, finalmente, la tan controvertida Ley de Medios. Sin profundizar en los pormenores de cada una de estas leyes, por demás conocidas por su amplia difusión en los medios de comunicación, me centraré aquí en las dos cuestiones antes mencionadas: su impacto en la opinión pública y en el arco opositor. Respecto de las facultades delegadas, supuso un nuevo atropello a la institucionalidad y una muestra más de la necedad y autoritarismo de los Kirchner, que no habían hecho acuse de recibo del dictamen de las urnas. La oposición, por su parte, mostró su primera grieta al abstenerse de la votación el bloque autodenominado de centroizquierda (SI, Proyecto Sur, etc.)
La ley de partidos políticos, por su parte, encontró una opinión pública dividida entre aquellos que sostenían que se trataba de una medida para acallar a las minorías y volver al bipartidismo en la Argentina, pero fundamentalmente una jugada del kirchnerismo para reflotar su proyecto político, y los que daban cuenta de la necesidad de reglas claras y de partidos políticos fuertes, en una Argentina donde el sistema de partidos había eclosionado luego de la crisis de 2001 y donde había más de 700 partidos registrados en la Justicia electoral. La oposición, por su parte, unificó postura y logró homogeneizar su rechazo.
Pero fue sin lugar a dudas la Ley de Medios la que despertó mayor efusividad en la sociedad y profundas divergencias en el seno de la oposición. El objetivo explícito de democratizar los medios de comunicación y de pluralizar las voces en ellos, en un contexto de encarnizada lucha entre el Grupo Clarín y el Gobierno de los Kirchner, fue el argumento de quienes sostenían que debía modificarse una Ley de los tiempos de la dictadura. El intento de acallar las voces críticas, de aprobar a las apuradas una ley sin mediar un debate de toda la sociedad –fundamentalmente para aprovechar los números favorables en ambas cámaras- fue el planteo esgrimido por aquellos que se oponían. Como en ningún otro momento de nuestra historia se hicieron sentir los lobbys mediáticos, que a través de líneas editoriales, videographs alarmantes y ostentosas campañas publicitarias pusieron de relieve la poca objetividad y la falta de independencia de numerosos comunicadores. Más que un debate por mayor o menor democracia en los medios, la discusión de la Ley giró en torno a los activos de los que deberían desprenderse los grupos mediáticos/económicos.
Quizás la Ley de Medios fue la que mayores implicancias trajo al interior de la oposición, en tanto y en cuanto no solo el bloque de centroizquierda votó en su favor, sino también el Partido Socialista, una de las tres patas del Acuerdo Cívico y Social.
En resumidas cuentas, podemos extraer como primera conclusión que el proceso de relegitimación del kirchnerismo viene dado por una política proactiva a nivel legislativo durante el segundo semestre de 2009, un arco opositor fragmentado, sin un liderazgo claro que logre imponer una agenda alternativa a la del Gobierno, y una exacerbación del conflicto con ciertos grupos mediáticos (Clarín, La Nación, TyC Sports, etc.) que intenta erigir un escenario dicotómico en la opinión pública. Lo interesante del asunto es que, desde el punto de vista de quien suscribe, la obscenidad en el accionar de los antedichos grupos mediáticos, la dispersión opositora y algunas medidas de carácter progresista –ingreso universal por hijo, fundamentalmente- han logrado que algunos sectores medios vuelvan a mirar, por lo menos de reojo, la posibilidad de un nuevo período K.
El inicio político del año 2010, con los venturosos augurios de una oposición unida y con una agenda común, no encontró más que una burda pelea por el reparto de las comisiones y los cargos claves del Parlamento, y un Ejecutivo que volvía al acecho con la determinación de usar reservas del Central para pagarle a los acreedores externos. Discutible o no, tanto en formas como en contenidos, lo cierto es que los mismos que hasta hace poco velaban por la seguridad jurídica de nuestro país y por la necesidad de darle a los inversores externos una imagen de seriedad y de credibilidad, son los que ahora plantean reparos institucionales a la efectivización de la medida, olvidándose ya de los aspectos defendidos hasta no hace mucho. Lo cual nos lleva a plantear una segunda conclusión: la oposición ha quedado en algunos temas tan a la deriva, que el oficialismo se siente capaz de correr por izquierda a los bloques de centroizquierda –poniéndolos en la situación de tener que acompañarle en leyes tales como la de Medios- y a la derecha por derecha – dejando en un absurdo a aquellos que critican el pago de deuda con reservas cuando durante años se rasgaron las vestiduras planteando la necesidad de honrar las deudas de nuestro país para darle un marco de certeza a los inversores.
Hay quien podrá refutar, sin embargo, que no escapa a las generales de la ley que aquellos partidos de la oposición que compartan la misma visión que el oficialismo en temas puntuales, puedan acompañar con su voto para el caso concreto. Que de hecho de eso se trata la democracia y a tales efectos concurren instituciones como el Parlamento y ejercicios como el debate, el disenso y el acuerdo. Pero en la Argentina crispada, casi binaria se diría, en la que vivimos en la actualidad, la profundidad en el análisis no es algo que caracterice ni que convenga a vastos sectores socio-políticos. De manera tal que todo debate corre riesgo de quedar subsumido a la lógica “ser (o no ser) funcional al Gobierno o ser (o no ser) funcional a una derecha destituyente”, si es que la hay. En el caso de este último espectro, sus únicas preocupaciones radicarían en deslindarse del mote de “golpistas”, al que tan frecuentemente son asociados por parte del oficialismo. En el caso de aquellas fuerzas progresistas de tinte opositor, la empresa requiere de mayor complejidad: generar una alternativa de gobierno que pueda situarse a la izquierda del oficialismo, sin quedar entrampado en las falsas dicotomías impuestas por la corporación política, económica y mediática… algo por demás complicado.
Y es justamente en las posibilidades de naufragio de aquella empresa progresista opositora en donde, contrariamente, se erigen las esperanzas del kirchnerismo para alcanzar un nuevo mandato en 2011. En recuperar aquellos votos del centro hacia la izquierda de los grandes centros urbanos que, esquivos en la última elección, puedan recostarse nuevamente en el kirchnerismo producto del fracaso de un hipotético experimento progresista. En ello pesará, insoslayablemente, cuán hondo cale en la sociedad el discurso oficial de una oposición reaccionaria y destructiva y de una centroizquierda, también opositora, que termina “haciéndole en juego” a la derecha. Y ni hablar del papel que cumplan los medios de comunicación: continuando con su papel de actores implicados, desde el oficialismo o la oposición, o retomando el camino de la información y la objetividad periodística.