Quizás haya sido el capítulo final de una hipotética resolución bilateral, pero de ninguna manera el epílogo del conflicto. O por lo menos esa fue la sensación generalizada de uno y otro lado de la Coordillera, luego de que el Juez Federal Claudio Bonadío diera por finalizado el proceso de extradición del ex guerrillero chileno Sergio Galvarino Apablaza Guerra.
Tras varios días de tensión entre La Moneda y Casa Rosada se le dio fin a la situación judicial de Apablaza, luego de que el Ejecutivo argentino decidiera a través de la Comisión Nacional para los Refugiados otorgarle asilo político. De pasado comunista, Apablaza está acusado en su país de participar en el asesinato del ex Senador pinochetista Jaime Guzmán y en el secuestro del empresario de los medios Cristian Edwards, ambos en el año 1991 –cuando Chile ya había recuperado la democracia.
Las reacciones en el país trasandino no se hicieron esperar, a través de la citación formal al embajador argentino en Santiago, Ginés González García, y las especulaciones en torno a la posibilidad de presentarse ante la OEA y la CIDH para hacer valer su derecho de juzgar al acusado.
Si bien el Jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández, intentó bajarle el tono al conflicto, aduciendo que la decisión de conceder el refugio político al ex guerrillero chileno constituía "un acto pacífico y humanitario", desde Chile el Presidente Piñera sentenció que la decisión argentina significaba “un retroceso para la causa de la justicia y de los derechos humanos en mi país”. Más polémicas aún fueron las declaraciones del Senador de la UDI, Andrés Chadwick, quien sostuvo que no se extraditaba a Apablaza “por un tema electoral, por miedo a Hebe de Bonafini y porque las organizaciones de izquierda no los voten el año que viene”.
El conflicto cobró mayor dimensión, luego de que el Ejecutivo argentino desconociera el fallo de la Corte Suprema, que daba luz verde a la extradición de Apablaza luego de más de 8 años de reclamo chileno.
Por un lado, debe manifestarse la inconsistencia argumentativa de aquellos que, una década atrás, se manifestaban en contra del derecho internacional, cuando el Juez español Baltazar Garzón requería la extradición del ex dictador Pinochet. En este sentido deben inscribirse las declaraciones del ex vocero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Vailly Carrilo, quien sostuvo que "me gustaría citar a un Jovino Novoa, a un Hernán Larraín, a un Pablo Longueira –en relación a los senadores que con mayor énfasis reclaman la extradición-, a todos estos personajes que cuestionaban la ley internacional cuando se quería juzgar a Pinochet”
Asimismo, es dable señalar que la determinación argentina se enmarca en la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, que establece que “ningún refugiado podrá ser expulsado, devuelto o extraditado a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro su derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Según la tesitura argentina, este sería el status de Apablaza en caso de repatriación.
Sin embargo, más allá de las especifidades legales que puedan avalar la medida -en términos del derecho internacional y las garantías del debido proceso para Apablaza en Chile-, lo que subyace en la decisión del Ejecutivo argentino, es la necesidad de evitar una discusión que podría traerle más de un dolor de cabeza al matrimonio Kirchner. En efecto, la cruzada por el juicio y castigo a los autores intelectuales y materiales de los crímenes de la dictadura en los 70, en el marco de una aplaudida política de derechos humanos, se contrapone a una visión que hace caso omiso de las responsabilidades penales de aquellos que, pertenecientes a organizaciones político-militares, perpetraron asesinatos y secuestros con anterioridad a marzo de 1976. De más está decir que muchos de los funcionarios del Ejecutivo argentino, conformaron en los ‘70 la estirpe revolucionaria y combativa de Organizaciones tales como Montoneros, FAP y FAR.
De modo tal que la repatriación de Apablaza para ser juzgado en su país abriría camino a un proceso de discusión en la Argentina por demás tabú para quienes hoy conducen los hilos del poder. Sobre todo, teniendo en cuenta que desde algunos medios de comunicación se intenta poner en el tapete, desde hace algún tiempo, la participación de las mencionadas organizaciones político-militares en sangrientas operaciones como la muerte del ex líder de la CGT, José Ignacio Rucci, o la llamada “Operación Primicia”, la toma de un cuartel formoseño que culminó con numerosas bajas en el bando militar. Ni que hablar de la enconada disputa en torno a Papel Prensa, que ha hecho de la violación a los derechos humanos por parte del grupo Clarín un caballo de batalla del Gobierno.
Así las cosas, la única realidad inexpugnable es que el caso Apablaza no será pasajero en la relación bilateral con Chile y, en tal sentido, se deberá ser conciente del costo político que implique la decisión.
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